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    Nos estamos muriendo, claman pacientes en el Día Mundial de la Lucha contra el VIH/Sida

    01 de Dic, 2018

    Hace 17 años le dijeron a Carlos Rodríguez que la vida le iba a cambiar. “Vas a tener que cuidar de ti y de las personas que estén contigo”, le explicó el doctor tras darle el diagnóstico: virus de inmunodeficiencia humana (VIH). En los años que Carlos ha convivido con la infección siempre ha sentido que lleva una vida normal. “La enfermedad no me arrinconó”, dice. Pero 2017 fue diferente. La severa escasez de antirretrovirales trajo la aparición de enfermedades oportunistas.

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    El Congreso da luz verde a implementar la profilaxis pre-exposición en VIH

    22 de Nov, 2018

    La implementación de los medicamentos ha sido aprobada por unanimidad en la Comisión de Sanidad


    La Comisión de Sanidad ha aprobado la proposición relativa a facilitar el proceso de implementación de la profilaxis pre-exposición (PreP) en España, conocido bajo el nombre de Truvada. La transaccional del Grupo Mixto, PP, PSOE y Ciudadanos ha sido aprobada por unanimidad. Además, la Comisión ha aprobado otras proposiciones como la transaccional para apoyar a las personas con daño cerebral y sus familias o la transaccional para potenciar los tratamientos de cáncer.

    Según los datos aportados por Sergi Miquel, diputado del Grupo Mixto que ha defendido la propuesta, hay unas 150.000 personas con VIH en toda España y 3.000 infecciones al año, por lo que son necesarias “políticas de prevención más eficientes para acabar con el virus”. Aquí entra en juego, ha asegurado el diputado, la profilaxis pre-exposición (PrEP) que, como en Francia y Noruega, daría mayor garantías: “No entendemos el bloqueo del Ministerio y nos preguntamos cuánto tiempo hay que esperar a que sea una realidad”, ha añadido Miquel, que ha cifrado en 1000 los usuarios españoles, “que lo toman sin control sanitario y sin garantías de calidad, generando una desigualdad frente a los que no pueden acudir al mercado negro”.

    Francisco Igea, portavoz de sanidad de Ciudadanos, ha recalcado que “hay que ir más allá de instar al Gobierno y a las comunidades autónomas a actualizar la cartera de servicios”: “Nosotros creemos que hay que elaborar un Protocolo de Dispensación y saber el coste de la medida”, ha destacado el diputado, entre otras cosas, y ha hecho especial hincapié en que “una de las medidas más eficaces sería financiar los Autotest de VIH, “porque es una enfermedad que sigue teniendo un estigma y la gente no quiere comentar su intimidad en un centro de salud ni que quede reflejado en una historia clínica. Estos test evitan el contagio”.

    La diputada socialista Miriam Alconchel, por su parte, ha destacado en su intervención la “inequidad en el acceso” y el trabajo que el Gobierno está realizando para la implementación del medicamento, “que se hará en breve”, ha asegurado. María del Mar Garrido, diputada popular, ha llamado la atención en que el estudio de evaluación lo puso en marcha su partido y que es necesario que el PrEP se use en combinación con otros medicamentos.

    Tratamientos contra el cáncer

    Otros dos puntos aprobados y respaldados por los diputados han sido las proposiciones para el impulso de los tratamientos para afectados de cáncer y la implantación completa del cribado de cáncer colorrectal en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

    “El cáncer colorrectal se puede prevenir a través de una simple práctica que reduce la mortalidad de estre el 30 y el 50 por ciento”

    “El cáncer colorrectal se puede prevenir a través de una simple práctica que reduce la mortalidad de estre el 30 y el 50 por ciento”, ha destacado Igea, que ha cifrado en 15.000 españoles al año los que podrían no morir a causa del cáncer colorectal si se llevan a cabo estas medidas de prevención: “Es urgente acabar de implantar las pruebas en todas las comunidades autónomas porque hay algunas que no cubren ni el 20 por ciento y otras que han dado dos vueltas a toda la población”, ha añadido, indicando que debe estar disponible en todos los territorios en 2019. La transaccional de su partido con el PP y el PSOE también ha sido aprobada por unanimidad de la Comisión.

    Isabel Cabezas, diputada del PP, ha defendido la importancia de la prevención, detección precoz, investigación y tratamiento del cáncer y ha recordado que cada autonomía gestiona su presupuesto: “El acceso a los tratamientos no es uniforme y algunas comunidades retrasan terapias pese a estar autorizadas. Amparo Botejara, portavoz de sanidad de Podemos ha afeado al PP no haber llevado el tema al Consejo Interterritorial: “Esta PNL no es seria y por eso votaremos en contra”, ha declarado Botejara. Pese a ello, la medida se ha aprobado.

    Daño cerebral

    Jesús María Fernández, portavoz de sanidad del PSOE ha defendido la propuesta del partido para apoyo a los pacientes infantiles de Daño Cerebral Adquirido (DCA) y sus familias y ha señalado el hecho de que las comunidades autónomas “no han sabido suministrar” la información que pedía el Defensor del Paciente. La propuesta también ha sido aprobada por unanimidad en la Comisión.

    Durante el debate de la propuesta, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de crear un censo de afectados de esta patología y Fernández ha aceptado las enmiendas de PP y Ciudadanos en este sentido, así como ha defendido la creación de una guía de actuación y un ‘código ictus infantil’ para garantizar una atención temprana, así como destacar los centros de referencia y los criterios de derivación. Además, ha instado a que estos niños tengan un carácter preferente a la hora de ser evaluados para recibir la prestación de Dependencia.

    El diputado Navarro, de Ciudadanos, ha destacado el tiempo existente entre la lesión y la estabilización de las secuelas; así como la indefensión ante los afectados ante el hecho de que solo existan tres centros dedicados en exclusiva al daño cerebral; por lo que la enmienda de su grupo ha ido encaminada a la creación de un grupo de trabajo para acreditar centros de referencia de estos centros.

    El PP por su parte ha incorporado una enmienda para crear una estrategia común para toda España que contemplen los recursos y que se coordine con las CCAA para asegurar una asistencia integral, multidisciplinar y flexible que permanezca en el tiempo; además de elaborar un protocolo común, ya que hay unos 50. Además, ha avalado que se aborde de forma monográfica la financiación, como se ha pedido en el Consejo Interterritorial.

    Fuente: Redacción Médica

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    El VIH y la malaria en América Latina

    22 de Nov, 2018

    La Organización Panamericana de la Salud ha lanzado una aplicación para celulares para facilitar la implementación en América Latina de la píldora que previene el VIH.

    Cada año, hay 120.000 nuevos casos de VIH en América Latina y el Caribe, y el 64% de ellos se da entre hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, trabajadoras sexuales y mujeres trans.

    La profilaxis preexposición, o PrEP, por sus siglas en inglés, es un recurso muy efectivo para prevenir la infección por VIH. Desde 2015 la OMS recomienda que se ofrezca como una opción de prevención adicional para las personas con riesgo de infectarse. El uso diario de este medicamento reduce hasta el 90% el riesgo de contraer el VIH en personas no infectadas.

    La lucha contra la malaria se ha estancado

    En 2017, los casos aumentaron después de décadas de progresos. La Organización Mundial de la Salud ha puesto en marcha una nueva respuesta dirigida a reactivar el combate de esta enfermedad en los países de alto riesgo.

    En 2017, hubo 219 millones de casos de malaria, comparado con 217 millones en 2016 . En años anteriores, se habían reducido de forma constante. El 70% de los casos de malaria y de las muertes se concentran en 11 países: 10 en África y La India.

    El director del departamento de Malaria de la OMS, Pedro Alonso, explica que la situación en las Américas "es un poco preocupante" por los aumentos de malaria "impulsados en parte por Venezuela, pero no solamente".

    Con todo, el informe indica también que se está avanzando. El número de países que están cerca de eliminar la enfermedad continúa aumentando (de 37 en 2010 a 46 en 2017). En 2018, la OMS certificó que ya no hay paludismo en el Paraguay, que se convierte en el primer país de las Américas en lograrlo en los últimos 45 años.

    Fuente: https://news.un.org

     

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    Acción Solidaria: Más de 70 mil ciudadanos necesitan tratamiento contra el VIH

    22 de Nov, 2018

    La situación que se vive actualmente, también afecta el estado mental de los pacientes, quienes se muestran preocupados ante la falta y la dificultad para la adquisición de los insumos médicos.

    El presidente de Acción Solidaria, Feliciano Reyna, estimó este jueves que más de 70 mil ciudadanos que padecen de VIH en Venezuela necesitan recibir tratamiento con urgencia.

    Durante una entrevista en Unión Radio, Reyna aseveró que ante el incremento de de la enfermedad se requieren de al menos 30 millones de dólares para cubrir las medicinas e insumos que necesitan estos pacientes desde la fecha hasta el 2020.

    "Hemos estado exigiendo que el Gobierno ponga lo que falta para que esas 70 mil personas tengan tratamiento; eso esta faltando y puede implicar en algunos casos unos retrocesos en su salud física muy grave", alertó.

    El representante de la ONG reiteró que la situación que se vive actualmente, también afecta el estado mental de los pacientes, quienes se muestran preocupados ante la falta y la dificultad para la adquisición de los insumos médicos.

    Fuentehttp://versionfinal.com.ve

     

     

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    Venezuela: Las cifras evidencian una crisis de salud

    22 de Nov, 2018

    Venezuela atraviesa una crisis de salud devastadora, y el gobierno venezolano sigue negando la magnitud del problema, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy.

    Ante una crisis que se agudiza, un equipo de Human Rights Watch viajó a las fronteras con Colombia y Brasil para evaluar el alcance de la crisis humanitaria de la que huyen los venezolanos. Human Rights Watch viajó con profesionales médicos y de salud pública del Centro por la Salud Humanitaria (Center for Humanitarian Health) de John Hopkins University y del Centro de Salud Pública y Derechos Humanos (Center for Public Health and Human Rights), que forma parte de la Escuela de Salud Pública Bloomberg en Johns Hopkins.

    "El sistema de salud pública de Venezuela ha colapsado y ha puesto en riesgo las vidas de un número incalculable de venezolanos", expresó Shannon Doocy, profesora asociada de la Escuela de Salud Pública Bloomberg en Johns Hopkins, quien integró el equipo que viajó a la frontera entre Colombia y Venezuela. "La combinación de un sistema de salud fallido y escasez generalizada de alimentos ha provocado una catástrofe humanitaria, que seguirá empeorando si no se aborda con urgencia".

    En los últimos años, el gobierno venezolano ha impedido que trasciendan datos sobre la situación epidemiológica en el país, en un presunto intento por esconder la magnitud de la crisis de salud. En 2015, el Ministerio de Salud interrumpió de manera abrupta la difusión de actualizaciones semanales sobre indicadores de salud relevantes, una fuente clave de información de salud pública, si bien sigue informando algunos datos a la Organización Panamericana de la Salud.

    Cuando la entonces ministra de Salud reanudó brevemente la publicación de los boletines epidemiológicos en 2017, fue inmediatamente despedida. El gobierno también ha tomado represalias contra médicos que han expresado públicamente su preocupación por la crisis o que intentaron difundir datos sobre esta.

    Los datos existentes señalan un panorama complejo de brotes de enfermedades como sarampión y difteria, un drástico aumento en los casos de malaria y tuberculosis, y la falta casi total de tratamiento antirretroviral para personas con VIH. Los niveles crecientes de desnutrición agravan esta crisis de salud y contribuyen a que los venezolanos sean más susceptibles a enfermedades infecciosas y tengan más probabilidades de sufrir complicaciones cuando se enferman.

    Vacunación

    Venezuela presenta actualmente brotes de enfermedades que pueden prevenirse con vacunas y que habían sido eliminadas del país. Estos brotes sugieren que existen graves deficiencias en la cobertura de vacunación. Según la Organización Panamericana de la Salud:

    Desde junio de 2017, se han informado más de 7.300 casos de sarampión en Venezuela, incluidos 5.500 casos confirmados y 64 muertes hasta septiembre de 2018. No se registraron casos de sarampión en Venezuela entre 2008 y 2015, salvo un único caso en 2012. El brote se ha extendido a otros países de la región, y hay más de 10.000 presuntos casos de sarampión en Brasil vinculados con el brote en Venezuela.

    Entre julio de 2016 y septiembre de 2018, se informaron más de 2.000 presuntos casos de difteria. Más de 1.200 han sido confirmados y más de 200 personas han muerto. En cambio, entre 2006 y 2015 no se informó ni un único caso en Venezuela.

    Malaria

    La cantidad de casos sospechados y confirmados de malaria en Venezuela ha aumentado de manera constante en los últimos años -de casi 36.000 en 2009 a más de 406.000 en 2017, según la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, la malaria es una epidemia que persiste en más de nueve estados venezolanos, de acuerdo con un documento oficial elaborado por la Organización Panamericana de la Salud, ONUSIDA y el Ministerio de Salud de Venezuela. Expertos en salud atribuyen esto a la reducción en las actividades de control de mosquitos, la escasez de medicamentos para tratar enfermedades y las actividades de minería ilegal que favorecen la reproducción de los mosquitos al generar agua estancada.

    Tuberculosis

    La cantidad de casos de tuberculosis informados en Venezuela aumentó de 6.000 en 2014 a 7.800 en 2016, y en informes preliminares se señala que hubo más de 10.000 casos en 2017. La tasa de incidencia de la tuberculosis en 2017 (32,4 cada 100.000) fue la mayor que tuvo lugar en Venezuela en 40 años.

    VIH

    Venezuela es el único país de ingresos medios del mundo donde numerosos pacientes con VIH se ven obligados a suspender el tratamiento debido a la escasez generalizada de medicamentos antirretrovirales. El 87% de las más de 79.000 personas que viven con VIH y están inscriptas para recibir tratamiento antirretroviral del gobierno venezolano no lo están obteniendo. La cantidad de casos de VIH recientemente identificados en Venezuela aumentó un 24 % entre 2010 y 2016, y en 2016 hubo 6.500 nuevos diagnósticos. El número real de nuevas infecciones por VIH es sin duda mayor, sobre todo si se considera que muchos centros de salud ya no pueden realizar pruebas de detección del VIH.

    Mortalidad materna e infantil

    Las estadísticas oficiales más recientes del Ministerio de Salud de Venezuela indican que, en 2016, la mortalidad materna aumentó un 65 % y la mortalidad infantil creció un 30 % en apenas un año.

    Desnutrición

    Las complicaciones médicas que sufren los pacientes en Venezuela se ven agravadas por la severa escasez de alimentos y el acceso limitado a una nutrición adecuada. Muchos venezolanos, entre las decenas de los entrevistados en la frontera por el equipo de Human Rights Watch y John Hopkins, manifestaron haber perdido peso y comer una o dos veces por día en su país. Para algunos, la comida consistía únicamente en yuca o sardinas.

    Aunque el gobierno venezolano no ha publicado datos nacionales sobre desnutrición desde 2007, la información disponible sugiere que estaría en aumento:

    Una encuesta nacional representativa realizada por tres prestigiosas universidades de Venezuela concluyó que el 80 % de los hogares venezolanos están en situación de inseguridad alimentaria, lo que implica que no cuentan con una fuente segura de alimentos, y que las personas relevadas habían perdido un promedio de 11 kilos durante 2017.

    La organización humanitaria católica Cáritas Venezuela, que da seguimiento a la situación nutricional y brinda asistencia humanitaria a niños y niñas en comunidades de bajos recursos en Caracas y varios estados, informó que la desnutrición aguda moderada a severa entre niños y niñas de menos de cinco años aumentó del 10 % en febrero de 2017 al 17 % en marzo de 2018 - un nivel indicativo de una crisis, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud. En julio de 2018, Cáritas Venezuela informó que la media había descendido al 13,5 %; sin embargo, las estadísticas eran superiores a niveles de crisis en Caracas (16,7 %) y el estado Vargas (casi 20 %).

    Una encuesta realizada por Cáritas en 2018 detectó que el 48 % de las mujeres embarazadas en estas comunidades de bajos recursos manifestaban desnutrición aguda moderada o severa.

    En hospitales de distintas localidades del país se informan aumentos en la cantidad de ingresos de niños y niñas que presentan desnutrición aguda moderada o severa, y es preocupantemente elevada la proporción de niños y niñas ingresados en hospitales con desnutrición aguda (del 18 % al 40%), de acuerdo con información proporcionada por profesionales de la salud venezolanos a Human Rights Watch.

    Fuentehttps://www.hrw.org

     

     

     

     

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    Ejecutivo pretende salvar el sistema sanitario con el comodín del Estado Mayor de Salud

    21 de Nov, 2018

    La figura del Estado Mayor de Salud surgió por primera vez en agosto de 2013 para contener la crisis sanitaria en 11 hospitales del país. Cinco años después del lanzamiento a escala nacional de aquella fórmula fallida, el Ministerio de Salud apuesta nuevamente por el órgano de las “micromisiones hospitalarias”, como fue promocionado en su momento. Vargas, Miranda, Distrito Capital, Monagas y Zulia están apadrinadas por la instancia de corte militarista.

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    Decenas de venezolanos van a Perú para tratarse el VIH

    14 de Nov, 2018

    Debido a la crisis que se vive en el país llanero, según datos de la OPS, casi 70.000 de los 79.467 pacientes con VIH no reciben tratamiento antirretroviral en Venezuela. Decenas de pacientes han venido al Perú para no morir y ser tratados con retrovirales.

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    Comunidad Lésbico-Gay, la otra Cara de la Discriminación entre Migrantes

    04 de Nov, 2018

    Entre una multitud que durante más de 15 días ha transitado por las carreteras del sur de México, aparece un pequeño grupo que camina con mucha seguridad, pero también con mucho miedo; su presencia es notoria, algunos son gays, otras son lesbianas, bisexuales o transgénero, pero todos son migrantes expulsados de sus países.

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    El monstruo está adentro

    01 de Nov, 2018

    La homofobia internalizada puede derivar en crímenes de odio, por eso es necesario buscar ayuda profesional.

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    Científicos realizan pruebas para cura contra el VIH

    18 de Oct, 2018

    Hace aproximadamente 31 años atrás, el mundo sólo conocía a los antirretrovirales como el único método de tratamiente efectivo para el VHI, con una evolución que iba y venía, la infección en la sociedad seguía presente y ya todos los organismos, sanitarios y farmacéuticos se hacían la misma pregunta ¿qué hay que hacer para seguir en la lucha hacia la desaparición definitiva de las infecciones de VIH?.

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    Las Infecciones por VIH y el sida descienden en unos países y aumentan en otros

    11 de Sept, 2018

    Hasta un total de 1,8 millones de personas contrajeron el Sida el pasado año, lo que significa un 5,3% menos en relación a 2016, mientras que el número de muertos que se cobra esta enfermedad bajó un 5% hasta 940.000. El programa de la ONU de lucha contra el Sida señala que desde el pico que se alcanzó en 1996, las nuevas infecciones descendieron un 47%, mientras que el número de muertes desde el máximo de 2005 ha descendido más del 51%.

    La cobertura de los tratamientos antirretrovirales se ha ampliado, de tal forma que al terminar 2017 los recibían 21,7 millones de personas en el mundo, una cifra que supone cinco veces y media más que hace una década. Un 75% de los que viven con el VIH saben que tienen el virus, y entre estos, un 79% reciben ese tipo de tratamientos, lo que redunda en que para un 80% de ellos la carga viral ha quedado suprimida. Es decir, que del total de los infectados (36,9 millones al finalizar 2017, 600.000 más que un año antes), un 57% reciben estos tratamientos y un 47% tienen la carga viral suprimida.

    Lucha internacional contra el Sida

    En cuanto a los fondos internacionales disponibles para financiar la lucha contra el Sida en los países pobres, el año pasado aumentaron un 8% para representar 20.600 millones de dólares, lo que significa que se había llegado al 80% del objetivo para 2020. Sin embargo, ONUSIDA advierte de que esa tendencia optimista puede verse truncada, ya que en 2017 ?no hubo nuevos compromisos significativos? por parte de los donantes, incluso teme que el dinero disponible ?podría disminuir?.

    ONUSIDA estima que se necesitarán 26.200 millones de dólares para la respuesta al Sida en 2020 en los países de ingresos bajos y medios, y 23.900 millones de dólares en 2030.

    ONUSIDA también muestra su preocupación por el abandono que sufren algunos grupos clave por la prevalencia de la enfermedad, especialmente los hombres que tienen relaciones homosexuales (la probabilidad de contraer el VIH es 28 veces mayor que la de los hombres con relaciones heterosexuales), los que consumen drogas inyectándoselas (22 veces más de riesgo) o las prostitutas (13 veces más). Esos colectivos de riesgo y sus parejas representaron el pasado año alrededor del 40 % de los nuevos contagios.

    Desde el comienzo de la epidemia hace más de 35 años, los expertos de este organismo calculan que 78 millones de personas han contraído la infección y 35 millones han muerto por enfermedades relacionadas con el Sida.

    https://www.observatoriobioetica.org

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    Más de un padre no podrá pagar la cuota del colegio

    11 de Sept, 2018

    La incertidumbre ante el aumento salarial abarca a instituciones y representantes por igual. Las escuelas se organizan para afrontar los costos

    Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, alertó que como resultado del incremento del salario mínimo a 1.800 bolívares soberanos, los presupuestos de los planteles se verán afectados, se reducirán las nóminas y por lo menos 400 colegios en todo el país cerrarán.

    “Cuando se realicen las asambleas en las escuelas, más de un padre dirá que no puede pagar la cuota y si no hay matrícula suficiente, los estudiantes restantes deberán migrar a otros planteles y el colegio cerrará. Estamos evaluando aún el impacto”, expresó Romeo.

    Aunque los padres también se encuentran en incertidumbre, Romeo insistió en que desde la educación privada se hará un esfuerzo para mantener operativos a alrededor de 5.000 instituciones educativas que hay en el país.

    Por ahora, se encuentran en reuniones para evaluar la situación aún confusa por los pocos detalles que ofrece la Gaceta Oficialrespecto al modo de pago del nuevo salario. Romeo indicó que intentarán conservar los escalafones profesionales.

    “Trataremos de mantener un diferencial de escalafones, no todos los profesionales pueden ganar igual. Hay grandes diferencias; existe una meritocracia que el gobierno debe entender y respetar”, manifestó.

    Además, señaló que la situación va a resultar en una migración de estudiantes al también afectado sector público.

    “Muchos alumnos se irán a las escuelas oficiales, pero la pregunta es si el Ministerio de Educación está en capacidad de asumirlos, con la fuga de profesores que hay”, dijo.

    Romeo aseguró que desde 2005 la educación venezolana está en constante decrecimiento. Indicó que debido a la falla en los servicios públicos y al alto costo de la comida y los útiles escolares, alrededor de 251.000 niños abandonaron las aulas entre los años 2015-2016 y 2017-2018. “¿Dónde están esos alumnos que ahora son desescolarizados? Venimos en una caída permanente del sistema educativo”, advirtió.

    Esperan subsidio. En parte del sector subsidiado por el Estado también existe incertidumbre respecto a su situación. La red de escuelas Fe y Alegría, que depende en más de 90% del subsidio del Ministerio de Educación para funcionar, espera que se mantenga el apoyo gubernamental, debido a que de manera independiente le resultaría imposible trabajar.

    “Si nos cortan el subsidio duraríamos activos máximo dos meses, y estaríamos obligados a cerrar, porque no tendríamos cómo pagarle a los trabajadores. Nada de todo lo que sucede nos es ajeno”, expresó Luisa Pernalete, del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría.

    Ante la falta de información oficial, la educadora teme que como resultado de estas medidas económicas se eliminen los escalafones salariales en esta organización que agrupa a 170 institutos en todo el país. “Tenemos que seguir insistiendo en que el mérito, los años de servicios y la titularidad valen. Si reducen los escalafones estaremos muy mal”, manifestó.

    El Dato

    Del período escolar 2015-2016 a 2017-2018 la educación privada sufrió una pérdida de alrededor de 1 millón de estudiantes, es decir, pasó de más de 2 millones de alumnos, que constituía 30% de la educación en general, a 1,2 millones, informó Fausto Romeo, presidente de Andiep. “Hubo una caída importante de la educación privada en este lapso”, dijo.

    Fuente: El Nacional

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    El drama de la salud le sube la fiebre a la protesta social

    11 de Sept, 2018

    Dos de cada 10 protestas registradas en Venezuela durante 2018, hasta el 15 de agosto, fueron del sector salud. El gremio ha tomado las calles del país para reclamar mejores condiciones de trabajo, insumos para laborar y salarios más justos, y ha condensado las quejas transversales de otros venezolanos que exigen sus propias reivindicaciones. También, los pacientes han alzado la voz pidiendo mejor atención

    Aquello de que “la salud no espera” se ha hecho sentir como nunca en lo que va de 2018, cuando el gremio representado en enfermeras, médicos, obreros, personal administrativo y el resto de profesionales que conforma este grupo ha tomado las calles de toda Venezuela, al punto de que dos de cada diez protestas en Venezuela tienen que ver con la salud.

    De acuerdo al registro de El Termómetro de la Calle, un monitor de conflictividad social realizado en alianza entre El Pitazo, TalCual, Runrunes y con instrumentos desarrollados junto a ORC Consultores, hasta el 15 de agosto se realizaron unas 916 protestas de pacientes y personal asistencial que reclaman desde atención primaria hasta salarios más justos.


    Pablo Zambrano, dirigente sindical de los trabajadores de la salud y secretario general de Fetrasalud es tajante al enumerar las demandas por las que el grupo se lanzó a las calles venezolanas: la primera, un salario basado en el artículo 91 de la Constitución que establece el salario digno, y la segunda es el respeto y la garantía en el derecho a la salud y a la vida.

    Aunque la reconversión monetaria y el aumento del salario a 180 bolívares soberanos (180 millones de bolívares fuertes), tomó por sorpresa a quienes mantienen estas peticiones, los dirigentes de los gremios de la salud lo discutirían a partir de la publicación en Gaceta Oficial, tal como lo refirió Fanny Gamarra, presidente de la Federación de Enfermeras de Venezuela, luego de un encuentro entre federaciones y sindicatos el pasado 18 de agosto y ratificado en asamblea intergremial el 30 de agosto en el hospital Jesús Yerena de Caracas, cuando se decidió mantener la protesta.

    Eso sí, dejó claro que el ajuste anunciado por el Ejecutivo está por debajo de sus exigencias. “Al hacer los cálculos, según la base del salario anunciado por Maduro, necesitaríamos 4,7 salarios mínimos para llegar a lo que nosotros exigimos. Pero eso hay que evaluarlo, pues si bien se hacen ajustes, el Gobierno no ha hecho nada para controlar la inflación”, refirió en nota publicada por El Pitazo.

    La presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, asegura que “de acuerdo a lo dicho por el Gobierno, el trabajador profesional ganaría 1,5 salarios mínimos”, un monto que “no satisface las aspiraciones del sector”.

    La vocera sostiene que a las autoridades gubernamentales se les presentó una propuesta de tabulador salarial, el pasado 28 de agosto, en el que exigen no menos de 22 salarios mínimos para los profesionales universitarios I.

    Sobre este punto, Zambrano reitera que “el problema del salario es profundamente humanitario y no solo económico”. El dirigente de Fetrasalud apunta que los dirigentes sindicales de todos los sectores han sido llamados a unirse a la lucha del sector salud. Pero, aunque las batas blancas son mayoría en estas manifestaciones, ya es común ver a los trabajadores de electricidad, petróleo, educación y hasta administración pública mimetizarse con sus pancartas.

    Iván Freites, secretario general de la Central Sindical de Trabajadores Petroleros de Venezuela, confirma esta tesis e indica que 25 sectores laborales del país acordaron sumarse al reclamo de la salud en todo el país. “Se trata de un reclamo de todo el pueblo. El pueblo reclama salud, reclama libertad, reclama salarios dignos, derechos a la educación, derecho a una casa digna, a que nuestros hijos tengan recreación… Son más de 20 estados en la calle reclamando no solo el derecho a la salud, sino por el gas, por el agua, por salarios dignos”.

    El Termómetro de la Calle da cuenta de que las entidades que más protestaron en materia de salud fueron Zulia (153), Mérida (137) y el Distrito Capital (107). Juntas, suman casi el 43% de las manifestaciones a escala nacional por asuntos relacionados a la salud. Le siguen Táchira (78) y Barinas (71). Los estados menos conflictivos, en esta cuenta y durante el período, fueron Nueva Esparta y Falcón, con 2 protestas cada uno.

    En todos los casos, las movilizaciones se dividen en dos grandes categorías: por motivos laborales y por exigencias de mejores servicios médicos, por lo menos a partir de la convocatoria pues en la práctica los motivos se solapan. Pero los llamados a protestar por salarios y otras condiciones sumaron 658 eventos, mientras que los relacionados con servicios alcanzaron 258.

    Junio fue el mes que cambió la tendencia. Entonces, el gremio de enfermeras se convirtió en punta de lanza del reclamo laboral, especialmente a partir del paro nacional coordinado a escala nacional que comenzó el 25 de junio. Durante ese mes, por primera vez hubo más protestas por salarios que por insumos, 72 frente 22, respectivamente.

    Hasta el mes de mayo, las manifestaciones laborales del sector salud apenas sumaban 11 eventos. En junio comenzó a crecer, y se consolidaron en julio con 470 y en agosto con 105 más, durante la primera quincena.

     

    Una bola de nieve

    “Desde hace 16 años ejerzo mi profesión y mi sueldo son 3.800 bolívares fuertes mensuales y no puedo ni siquiera comprar medio cartón de huevos. Tengo una niña de 9 años y a mi madre que es discapacitada visual. Yo hago peripecias para comer. Tengo varios oficios, soy repostera, hago piñatas, soy payasita, pinto uñas y hasta corto cabello para medio vivir. Pero estoy harta de decirle a mi hija que no le puedo comprar un chocolate, que no la puedo sacar a pasear. Estoy todo el día fuera de mi casa para que ella al menos coma y estoy harta de comer lenteja y sardinas… No queremos lujos. Queremos lo básico: poder alimentarnos y vivir con dignidad”.

    El testimonio de Mónica Aranguren, enfermera en el Seguro Social de Guarenas, es solo un eco de los lamentos de otros muchos asalariados venezolanos. A ese clamor ella atribuye los más de 65 días de huelga activa del sector salud al que se siguen sumando voces.

    Dinorah Figuera, diputada a la Asamblea Nacional y además médico de profesión, está convencida de que la protesta de salud es catalizadora del resto. “No podemos asistir a los pacientes porque no hay electricidad y no hay agua, lo que impide operaciones y genera un problema de contaminación en los hospitales. Hay mil cosas que hacen que sea una crisis transversal, pues el derecho a la salud es el derecho a la vida y eso tiene que ver con todo el entorno y el bienestar de una persona”, explica.

    Los trabajadores de Corpoelec no callan. Mientras la empresa es objeto de reclamos por los continuos apagones, sus empleados hacen lo propio con sus jefes. Alejandra Romero, una de las representantes del sindicato de la empresa eléctrica del Estado, explica que se unen al petitorio de enfermeras y médicos porque es la misma que ellos enarbolan. “Estamos solicitando al Ejecutivo un contrato que dignifique el salario del trabajador. Yo tengo dos carreras universitarias y ni así puedo vivir dignamente”, asegura. “En la unión está la fuerza, que sea la salud, los de Cantv, los trabajadores eléctricos, los educadores, los obreros… Todos tenemos salarios de hambre por eso todos nos venimos a la calle”, suma Romero.

    Con esto coincide Carmen Guerra, una educadora activa que afirma participar en todas las movilizaciones convocadas en Caracas por el gremio de la salud, pues “son los que más se han mantenido en una lucha constante por los derechos no solo de ellos como trabajadores, sino de todos los ciudadanos venezolanos que nos estamos muriendo. Yo vengo a protestar con los médicos y enfermeras porque todos los días me toca ver a mis alumnos desmayarse en el salón por falta de comida. El suplicio de la salud tiene que ser atendido por todos, todos deberíamos estar en la calle protestando con ellos”, dice.

    Y, aunque ese llamado se refleje en la frecuencia de las más de 900 protestas que tienen lugar en todo el país y que llevan como bandera la crisis de la salud y sus trabajadores, la represión por parte de entes de seguridad ha sido más bien baja. En solo 37 oportunidades hubo un accionar de las fuerzas de seguridad, lo que representa apenas 4%. De igual forma, solo hubo 3 detenidos, uno en el Estado Zulia, otro en Aragua y en el Distrito Capital. Solo en un caso hubo un muerto, presuntamente a manos de funcionarios del Estado, en una protesta en el sector Playa Grande del Estado Sucre el 28 de febrero, según reportó El Pitazo.

    Fuente: Tal Cual Digital 

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    La condena a muerte de las personas con VIH en Venezuela

    11 de Sept, 2018

    Se estima que 150.000 venezolanos tienen VIH. La falta de antirretrovirales, sumada a la grave crisis que sufre el país, empuja a las personas con VIH a emigrar.

    En diciembre de 2017, Leonard Delgado recibió el diagnóstico de VIH positivo y la receta de antirretrovirales que debe tomar en medio de la peor crisis de abastecimiento de estos fármacos en Venezuela. Con el resultado también le dieron una indicación tácita de que debía irse del país. A los dos meses de iniciar su tratamiento, la medicina que debe de tomar de por vida se acabó. Este mes emigrará a México para poder tratar su enfermedad. Contactó con una ONG en Querétero a través de la cual podrá obtener los medicamentos y realizar de forma gratuita los exámenes de CD4 y de carga viral, que deben hacerse cada seis meses para medir la resistencia del virus en la sangre, pero que hace dos años dejaron de hacerse en el sistema público venezolano.

    "Quedarme en Venezuela es morirme de sida. Yo no me quiero ir porque aquí tengo trabajo, todavía gano bien, quiero a mi país, pero ahora solo pienso en mi salud y por eso me voy. Tengo un amigo que se fue en marzo y ya tiene tratamiento y sé de otros que se han ido a Perú y Chile por esta situación y allá están mejor", cuenta este hombre de 31 años desde la recepción del Servicio de Infectología del Hospital General del Oeste (HGO), una planta de aspecto abandonado en el que se acumulan camas viejas y equipos averiados y donde unos 1.500 pacientes acuden a consulta.

    La grave crisis humanitaria que se vive en Venezuela ha potenciado un enorme éxodo que las Naciones Unidas ya ha comparado con el que la guerra de Siria empuja en el Mediterráneo. Según los datos de la agencia un total de 2,3 millones de venezolanos han huido del país desde 2014, dirigiéndose principalmente a Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. La grave situación económica y el desabastecimiento de alimentos y de medicinas, que en el caso de los antirretrovirales llegó a ser total en abril pasado, expulsa a los venezolanos a otros países, aunque el Gobierno de Nicolás Maduro ha insistido en negar la situación y el propio mandatario ha dicho que los que emigran se van engañados por los medios de comunicación.

    Un año sin comprar fármacos

    En Venezuela se calcula que hay 150.000 pacientes con VIH, de los cuales solo 73.000 están inscritos para recibir tratamiento a través del Ministerio de Salud. Esta última cifra se redujo en 10.000 con respecto al año pasado entre los fallecidos y las personas que han emigrado, asegura Eduardo Franco, secretario general de la Red Gente Positiva, que agrupa a las personas con la enfermedad. Se trata de una estimación a ciegas porque el Gobierno no publica información epidemiológica desde hace años y este 2018 el despacho de salud eliminó su portal web.

    "Tenemos más de seis meses con una escasez total, el Gobierno no ha comprado nada y tampoco hay noticias de que vaya a comprar. Muchas personas con VIH y con otras patologías crónicas se han ido para poder salvarse en países como México, Brasil, Argentina, Chile y Perú, donde los sistemas de salud tienen mayores facilidades de acceso, pero esta carga da problemas a esos Estados y por eso es parte de la emergencia migratoria que hay. Muchos otros se han muerto en el camino", dice Franco.

    La presión de las ONG ha hecho que desde la Organización Panamericana de la Salud se haya enviado un lote de antirretrovirales que sumado a otras donaciones han paliado los tratamientos de algunos, pero no alcanzan para todos. El Gobierno venezolano cumple este septiembre un año sin hacer las compras regulares de antirretrovirales para dotar el Programa Nacional de VIH-Sida.

    Con las muertes de las personas, que Franco calcula en 5.000 en lo que va de año, crece también otra cifra, la de los nuevos infectados, que superan los 11.000 al año y van en aumento, advierte. "Tememos un repunte entre los jóvenes y también en adultos mayores, porque no hay campañas de prevención y en medio de esta crisis es muy costoso adquirir condones", agrega el activista.

    Fuentehttps://elpais.com

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    AIDS 2018: Persiste la discriminación laboral de las personas con el VIH a pesar de los enormes avances científicos

    11 de Sept, 2018

    Los resultados de un estudio, llevado a cabo en países de todo el mundo, ponen de manifiesto la urgencia de poner en marcha medidas que eliminen totalmente las conductas discriminatorias hacia las personas con el VIH.

    Las personas con el VIH continúan enfrentándose a situaciones de discriminación cuando buscan trabajo, a la hora de mantenerlo y cuando quieren mejorar en sus carreras profesionales. Estas son las principales conclusiones de un estudio basado en entrevistas presentado durante la 22 Conferencia Internacional del Sida (AIDS 2018), celebrada a finales de julio en Ámsterdam (Países Bajos).

    Con el fin de poner fin a la epidemia del VIH en 2030, ONUSIDA ha fijado el objetivo 90-90-90, que establece que, para 2020 al menos el 90% de las personas con el VIH estén diagnosticadas; que, al menos, el 90% de las personas diagnosticadas tomen tratamiento antirretroviral; y que, al menos, el 90% de las personas tratadas tengan una carga viral indetectable.

    Actualmente, gracias al tratamiento antirretroviral, las personas con el VIH tienen una esperanza de vida similar a la de la población general. Pese a que el tratamiento también permite, en la mayoría de los casos, llevar una vida plena, diferentes estudios han puesto de manifiesto que uno de los mayores retos a los que se enfrentan las personas con el VIH son la discriminación y el estigma.

    Con el fin de arrojar algo más de luz a las situaciones de discriminación en el ámbito del trabajo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) junto con la Red Mundial de Personas que Viven con VIH (GNP+, en sus siglas en inglés) llevaron a cabo un estudio basado en entrevistas. Dicho estudio contó con la participación de más de 100.000 personas con el VIH de 13 países (Belice, Camerún, Costa Rica, Republica de Fiyi, Grecia, Honduras, Corea, Malawi, Senegal, Nicaragua, Timor Oriental, Uganda y Ucrania).

    Los resultados del estudio mostraron que un gran número de personas con el VIH están desempleadas, desde el 7% de los participantes encuestados en Uganda hasta el 61% en Honduras. Además, diez de los 13 países registraron tasas de desempleo entre las personas encuestadas iguales o superiores al 30%.

    Las personas jóvenes con el VIH mostraron una tasa de desempleo mucho más elevada que las personas de avanzada edad, que oscilaba desde el 11% en Corea del Sur al 61% en Grecia con algunos países que registraron tasas de desempleo entre los jóvenes igual o superior al 50%: Timor Oriental (50%), República de Fiyi (56%), Honduras (60%).

    Entre las mujeres con el VIH se observó que tenían menos probabilidades de estar empleadas en comparación con los hombres debido a las tareas de cuidado que realizan de forma no remunerada. Además, también se observó entre las mujeres una elevada falta de ingresos de manera independiente lo que pone de manifiesto que las mujeres con el VIH no tienen una autonomía económica en la misma medida que los hombres.

    De manera generalizada, en todos los países se registró un elevado nivel de desempleo entre las personas transexuales con el VIH.

    Otro hallazgo importante del estudio fue que muchas personas continúan perdiendo sus trabajos en parte o totalmente como resultado de su estado serológico respecto al VIH. La proporción de personas con el VIH que habían estado trabajando pero que habían perdido su empleo o fuente de ingresos como resultado de la discriminación ejercida por el empleador u otros compañeros de trabajo osciló desde el 13% en la República de Fiyi al 100% de los encuestados en Timor Oriental. Estas tasas también fueron altas en Belice (86%), Nicaragua (67%), Grecia (80%) y Costa Rica (53%).

    Como consecuencia, muchas de las personas participantes del estudio refieren dudar a la hora de revelar su estado serológico tanto a los empleadores como a sus compañeros de trabajo.

    El informe incluye varias recomendaciones entre las que se incluye un llamamiento a los gobiernos y a los organismos internacionales con el fin de que incrementen sus esfuerzos para hacer respetar los derechos humanos basándose en la recomendación de la OIT sobre el Mundo del Trabajo, 2010 (núm. 200), relativa al acceso al empleo pleno y productivo y al trabajo decente para las personas que con el VIH.

    Los resultados del presente estudio ponen de manifiesto que, pese a los grandes avances médicos en el tratamiento del VIH, las personas afectadas siguen sufriendo altas tasas de discriminación y estigma en los entornos laborales. Es urgente accionar medidas que tengan como resultado un nivel de discriminación cero.

    Fuentehttp://gtt-vih.org

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    Experto de la ONU urge a reforzar la cooperación regional y a aumentar el apoyo internacional para garantizar derechos de migrantes de Venezuela

    10 de Sept, 2018

    GINEBRA (5 de septiembre de 2018) – Ante el incremento del flujo de personas migrantes de Venezuela en los últimos meses, especialmente a países de América del Sur, el Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales, hizo un llamamiento para reforzar la cooperación regional y aumentar el apoyo de la comunidad internacional para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes venezolanas allá donde estén.

    Saludo la solidaridad de los países latinoamericanos que en los últimos años han acogido a cientos de miles de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas que han salido de Venezuela por la situación política, económica y social que vive el país. En tiempos en que están ganando terreno los discursos racistas y xenófobos de anti-inmigración, la respuesta de los países latinoamericanos constituye un ejemplo e inspiración para otras regiones del mundo que están cerrando las puertas a la migración.”

    Según datos de ACNUR y OIM, aproximadamente 5,000 mujeres, hombres y niñas/os salen cada día de Venezuela. 2,3 millones de venezolanos/as han dejado el país desde 2015, el 90% de los cuales han ido a otro país de América del Sur, gracias a los acuerdos bilaterales y regionales que facilitan la movilidad de migrantes en América Latina. Sin embargo, muchas de ellas carecen de documentación o permiso para permanecer legalmente en países de acogida, lo cual los hace particularmente vulnerables a la discriminación, violencia, tráfico y explotación.

    A medida que el flujo de migrantes aumenta, sus necesidades humanitarias y los retos de protección se vuelven más urgentes. “La crisis migratoria se encuentra en un punto de inflexión que requiere de una respuesta regional coordinada y del apoyo efectivo de los países de acogida así como de la comunidad internacional,” destacó el Sr. González Morales.

    El Relator Especial observó con preocupación los recientes brotes de actos de xenofobia contra migrantes venezolanos en algunos puntos fronterizos, así como las medidas restrictivas adoptadas en las últimas semanas por algunos países para responder a la crisis migratoria. “Aunque entiendo la enormidad del desafío a la que se enfrentan los países receptores, estas medidas restrictivas no son la solución, dado que pueden incrementar la migración irregular y, por lo tanto, poner a las personas migrantes en una mayor situación de riesgo de explotación laboral, trata y tráfico de personas”, señaló el experto, por lo que exhortó a reforzar la cooperación regional para adoptar respuestas coordinadas.

    A este respecto, el Relator Especial saludó la organización de varias reuniones intergubernamentales en las últimas semanas para adoptar respuestas coordinadas de asistencia y protección en la región. “Las medidas que se adopten deben seguir permitiendo que las personas que necesitan protección internacional tengan acceso a la seguridad y protección de sus derechos humanos allá donde lleguen o estén,” y recordó que las no admisiones y deportaciones en las fronteras son contrarias al derecho internacional cuando se realizan sin una evaluación individual de los posibles riesgos de graves violaciones de derechos humanos en caso de expulsión.

    El experto independiente también hizo un llamado a la colaboración entre los países de acogida, tránsito y origen para proporcionar una respuesta coordinada de asistencia y protección, y adoptar las medidas necesarias para abordar las causas de la crisis migratoria.

    “El aumento del apoyo de la comunidad internacional es clave para que los gobiernos de la región que han afirmado su solidaridad con los venezolanos y se han mostrado receptivos a las llegadas puedan hacer frente a su ingente tarea,” destacó el experto. Con el fin de asegurar un proceso efectivo, se deben adoptar respuestas basadas en los derechos humanos y con perspectiva de género a través de medidas alternativas de residencia temporal legal y programas de regularización que garanticen el acceso a derechos básicos de atención médica, alimentación, alojamiento, educación, unidad familiar, libertad de movimiento, trabajo e integración económica y social, “y en los casos que sea necesario, facilitar los requisitos de documentación y aliviar los costos para garantizar el acceso a dichos derechos.”

    “Asimismo, urge un mayor apoyo internacional para fortalecer y agilizar los procedimientos de asilo y otros procesos de protección internacional, así como desarrollar sistemas de recopilación y monitoreo de datos de llegadas de personas migrantes con el fin de determinar sus necesidades y desarrollar políticas adecuadas,” declaró el experto.

    FIN

    Sr. Felipe González Morales (Chile) fue nombrado Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes en junio de 2017 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por un período inicial de tres años. Como Relator Especial, es independiente de cualquier gobierno u organización y sirve a título personal. El Sr. González Morales es Profesor de Derecho Internacional en la Universidad Diego Portales, en Santiago de Chile, donde también es el Director de un programa de Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

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    “Sin Fronteras”, la casa donde viven 200 venezolanos en Perú

    10 de Sept, 2018

    Por el albergue han pasado 1700 venezolanos que han logrado hacer vida en la nación inca

    René Cobeña, peruano de 51 años, casado y padre de dos hijos se dedicó a dar cobijo y alimento a los venezolanos en una casa que alquiló, ubicada en un humilde barrio de Lima.

    En la propiedad actualmente hay 200 venezolanos entre ellos 30 son niños. Por el albergue han pasado 1700 venezolanos que han logrado hacer vida en Perú gracias a la ayuda inicial recibida por el empresario textil.

    A continuación algunas imágenes del albergue “Sin Fronteras”

    “No se les cobra un centavo por esta aquí. Lo único que es les pide es colaboración con la limpieza” indicó el empresario peruano quien vivió la dura experiencia de ser migrante en Japón y Corea del Sur en la década de 1990.

    Cobeña estableció un reglamento, que prohíbe fumar, beber alcohol o pelear, y la permanencia máxima en el albergue es por un mes. Nunca ha recibido apoyo del gobierno ni de organizaciones privadas, acaba de pedir ayuda a la agencia de la ONU para los refugiados ya que el número de venezolanos aumenta con el pasar de las semanas.

    Fuente: Venepress

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    CIDH: Declaración conjunta para el desarrollo de una respuesta regional a la llegada masiva de personas venezolanas a países del continente americano

    10 de Sept, 2018

    Declaración conjunta para el desarrollo de una respuesta regional a la llegada masiva de personas venezolanas a países del continente americano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y comités, órganos y procedimientos especiales de la Organización de las Naciones Unidas

    5 de septiembre de 2018

    Washington, D.C. / Ginebra – En ocasión de las reuniones y medidas que vienen promoviendo Estados del continente americano para responder a la llegada masiva de personas migrantes y refugiadas venezolanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) de la ONU; Comité sobre los Derechos del Niño (CRC) de la ONU; la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); el Dr. Felipe González, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU adoptan la siguiente declaración conjunta.

    Las organizaciones y expertos firmantes de la presente declaración llaman a los Estados junto con otros actores relevantes tales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organizaciones de la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación a desarrollar una respuesta regional coordinada basada en los derechos humanos y en el principio de responsabilidad compartida para responder antes, durante y después del desplazamiento masivo de migrantes y refugiados de Venezuela.

    De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas, para junio de 2018 se estimaba que 2.3 millones de personas venezolanas han salido de su país, principalmente hacia Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile. Asimismo, el ACNUR registraba 299,016 solicitantes de asilo y 585,996 personas procedentes de Venezuela optaron por otras alternativas de regularización al 1 de agosto de 2018. La CIDH y las y los expertos del Sistema de la ONU valoran que, ante esta situación, los países del continente americano hayan respondido ofreciendo distintas alternativas migratorias en aras a garantizar los derechos humanos de las personas venezolanas, o bien reconociéndolas como refugiados bajo la definición de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la definición ampliada contenida en la Declaración de Cartagena de 1984.

    No obstante, la CIDH, el CMW, el CRC, el ACNUDH y las y los expertos del Sistema de la ONU también expresan su preocupación ante prácticas discriminatorias que se han observado en los últimos meses en la región, que van desde la solicitud de pasaportes, certificados, apostillas u otros documentos oficiales para la entrada a sus territorios; la militarización de las fronteras; casos de deportaciones arbitrarias y expulsiones colectivas; hasta brotes de discriminación y violencia xenófoba contra la población venezolana en algunas localidades receptoras de dicha población.

    Al respecto, los firmantes de esta declaración conjunta observan que diversos Estados americanos y la Organización de Estados Americanos (OEA) vienen promoviendo distintas reuniones y espacios para desarrollar respuestas ante la llegada masiva de personas migrantes y refugiadas venezolanas a países del continente americano, entre ellas la Reunión del Consejo Andino de Autoridades Migratorias de Colombia, Ecuador y Perú el 29 de agosto de 2018; la Reunión Técnica Regional sobre la movilidad humana de ciudadanos venezolanos en las Américas realizada en Quito, Ecuador, los días 3 y 4 de septiembre de 2018; y la Sesión extraordinaria convocada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para el 5 de septiembre de 2018 con el objetivo de considerar la situación de los migrantes venezolanos en los países de la región. Los firmantes de la presente declaración conjunta reconocen como un avance para el desarrollo de una respuesta regional la reciente la Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la Región, adoptada en Quito el 4 de septiembre de 2018.

    Las organizaciones firmantes de la presente declaración conjunta, tomando en consideración la Resolución 2/18 sobre Migración Forzada de Personas Venezolanas de la CIDH y la Nota de Orientación sobre el Flujo de Venezolanos del ACNUR, recomiendan a los Estados del continente americano la adopción de una respuesta internacional y regional coordinada basada en los derechos humanos y en el principio de responsabilidad compartida que incorpore las siguientes medidas:

    A efectos de prevenir que más personas venezolanas se vean forzadas a migrar, promover acciones para que el Estado de Venezuela garantice el acceso, la prestación y el paso libre de asistencia humanitaria para la población venezolana que la requiere, la cual debe darse de conformidad con los principios de humanidad e imparcialidad y sin discriminación alguna.

    Garantizar el ingreso al territorio a las personas venezolanas para que puedan buscar protección internacional o satisfacer sus necesidades humanitarias urgentes. Así como garantizar el principio de unidad familiar.

    Expandir canales regulares, seguros, accesibles y asequibles de la migración a través de la progresiva expansión de la liberalización de visas, así como regímenes de facilitación de visas de fácil acceso y/o medidas, tales como protección complementaria, protección temporal, visas humanitarias, visas para visitantes, reunificación familiar, visas de trabajo, residencia, y visas estudiantiles y para personas jubiladas, así como programas de patrocinio privado. Estos canales deben ser accesibles en términos económicos y jurídicos, lo cual incluye asegurar que sean accesibles también para personas venezolanas que por razones ajenas a su voluntad no cuenten con la documentación usualmente requerida para estos trámites.

    Garantizar el reconocimiento de la condición de refugiado a las personas venezolanas con temor fundado de persecución en caso de retorno a Venezuela, o que consideran que su vida, integridad o libertad personal estarían amenazadas debido a la situación de violencia, violaciones masivas de derechos humanos y perturbaciones graves del orden público, en los términos de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984. Se deben establecer procedimientos justos y eficaces, con enfoques diferenciales que tengan en cuenta la edad, el género y las características culturales, que garanticen el derecho de los solicitantes de asilo a recibir asistencia para satisfacer necesidades básicas o permitirles trabajar durante su solicitud.

    Considerar la adopción de respuestas colectivas de protección a las personas venezolanas, entre las que se encuentran la posibilidad de realizar la determinación para el reconocimiento de la condición de refugiado prima facie o de manera grupal, sin necesidad de realizar una evaluación individualizada.

    Respetar el principio y derecho a la no devolución (non-refoulement) a territorio venezolano, incluyendo la prohibición de rechazo en frontera y expulsiones colectivas.

    Implementar mecanismos que permitan identificar a personas que requieran protección internacional y necesidades especiales de protección, en particular mujeres, niños y niñas, pueblos indígenas y afrodescendientes.

    Proteger y brindar asistencia humanitaria a las personas venezolanas que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción. Asimismo, se debe coordinar esfuerzos con organismos internacionales como ACNUR, OIM, UNICEF, ONU Mujeres, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS), así como otras organizaciones internacionales y regionales relevantes, las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. Se deben garantizar las condiciones para que estos organismos puedan brindar asistencia humanitaria a las personas venezolanas.

    Garantizar el apoyo internacional y la responsabilidad compartida en el rescate, recepción y alojamiento de personas venezolanas. En este sentido, los Estados deben establecer mecanismos para fortalecer y coordinar operaciones de búsqueda y rescate, investigación y protocolos forenses, tratamiento digno de los restos de fallecidos, identificación y localización de familias mediante el intercambio seguro de información ante mortem, post mortem y ADN.

    Garantizar el derecho a la nacionalidad. Para lo anterior resulta fundamental garantizar y facilitar el registro de todos los nacimientos de manera oportuna o tardía, y asegurar el acceso a la nacionalidad. Asimismo, se debe garantizar la existencia de procedimientos para la determinación de la condición de apatridia y garantizar el otorgamiento de la documentación que pruebe la nacionalidad.

    Implementar una estrategia coordinada basada en responsabilidad compartida y en el abordaje desde un enfoque de derechos humanos. Fortalecer la asistencia técnica y financiera a los principales países y localidades receptoras de migrantes, así como asegurar y facilitar el paso libre de la asistencia humanitaria y permitir a las personas que prestan esta asistencia un acceso rápido y sin obstáculos.

    No criminalizar la migración absteniéndose de medidas tales como cierre de fronteras, penalización por ingreso o presencia irregular, la necesidad de presentar un pasaporte, la detención migratoria, las deportaciones arbitrarias, discursos de odio y la criminalización de aquellos que brindan ayuda y asistencia humanitaria.

    A efectos de prevenir la discriminación y la xenofobia contra las personas venezolanas, los Estados deben implementar medidas positivas como campañas educativas y de sensibilización dirigidas a promover sociedades multiculturales y a luchar en contra de la discriminación y la xenofobia.

    Garantizar el acceso igualitario a la justicia, incluyendo la justicia transfronteriza para violaciones a derechos humanos en condiciones justas, efectivas y accesibles. Resulta fundamental investigar todos los casos de muertes y desapariciones, así como restos de personas migrantes en fosas comunes, con la cooperación de las autoridades de todos los Estados involucrados. Se debe garantizar la reparación integral por cualquier daño causado.

    Dar una respuesta coordinada e integrada para la prevención, atención y reparación integral de las víctimas de trata de personas, así como investigar, procesar y sancionar este delito.

    Adoptar medidas dirigidas a para promover la integración social y la resiliencia de personas venezolanas, en particular a través de la garantía de los derechos a la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el acceso al derecho al trabajo, la educación y la seguridad social.

    Autorizar y dar facilidades necesarias para que organismos internacionales y regionales en materia de derechos humanos puedan realizar visitas a los Estados del continente americano.

    En el marco de sus mandatos de promoción y protección de los derechos humanos, las organizaciones y expertos firmantes de la presente declaración conjunta reafirman su disposición de brindar asistencia técnica y contribuir en el fortalecimiento de capacidades de las autoridades de los Estados del continente americano.

    Fuente: Comunicado CIDH

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    El drama de ser migrante venezolano y LGBT

    10 de Sept, 2018

    Cuando Lili fue asesinada el 15 de agosto por dos sicarios frente a las mallas del aeropuerto Alfonso López, de Valledupar, el mensaje fue contundente. Por la zona ya habían circulado panfletos amenazantes y en días anteriores se había visto a hombres armados amedrentando con disparos al aire a las otras mujeres trans que, como ella, se movían por el sector. Lili había migrado de Venezuela y se dedicaba al trabajo sexual.

    Su caso no es aislado. Se suma a los hechos colectivos de violencia policial hacia mujeres trans, amenazas contra ciudadanos LGBT provenientes de Venezuela e incluso falta de medicamentos para tratar a personas con VIH, que han sido denunciados por organizaciones sociales como la Corporación Caribe Afirmativo, la misma que acompaña el proceso de los ciudadanos LGBT venezolanos en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y Bolívar.

    De hecho, en lo que va del año la organización ha registrado 23 casos de violencia contra lesbianas, gais, bisexuales y trans del vecino país, que han llegado al Caribe colombiano huyendo de la crisis.

    Preocupa, por ejemplo, la situación en zonas como Maicao (La Guajira), que ha registrado un importante ingreso de venezolanos LGBT a través del corregimiento de Paraguachón, según cuenta Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo. En la mayoría de los casos se trata de población indocumentada, proveniente de la ciudad de Maracaibo (estado Zulia), que no se encuentra en óptimas condiciones de salud y que acude al trabajo sexual para sostenerse económicamente. Los registros de Caribe Afirmativo dan cuenta de la presencia de por lo menos 150 personas abiertamente LGBT que residen en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Maicao, Riohacha, Santa Marta y Valledupar.

    "Una de las razones para la migración de venezolanos LGBT es la negación de los derechos por parte del Gobierno y la reticencia a legislar en favor de esta comunidad", señala Luis Meneses, activista venezolano por los derechos de esta población, quien desde hace siete meses vive en Barranquilla. Según él, Colombia es un país más progresista en esta materia y a nivel legislativo ha dado pasos importantes que permiten una ciudadanía mucho más abierta a esta comunidad.

    En eso coincide Kelly Chávez, quien llegó de Maracaibo y desde hace dos años reside en Santa Marta. Para ella, es claro que en Colombia las restricciones son menores y por eso llegan al país con muchas expectativas en materia de derechos LGBT. Sin embargo, a pesar de que Colombia tiene una legislación más progresista en relación a la población LGBT, basta mencionar la aprobación por la Corte Constitucional de la unión entre personas del mismo sexo, lo que han encontrado los ciudadanos venezolanos con orientaciones sexuales e identidades de género diversas no ha sido propiamente el paraíso.

    En el caso de los departamentos del Caribe colombiano, son principalmente dos las barreras que ha tenido que enfrentar esta comunidad al llegar a la zona: un problema de salud pública migratoria y la situación de las personas trans, particularmente las que ejercen el trabajo sexual.

    Sobre el problema de salud, el principal hecho que salta a la vista es la situación que atraviesan los ciudadanos migrantes con VIH positivo que en Venezuela no podían acceder a los medicamentos para el tratamiento o a los exámenes de rutina. De hecho, en muchos casos fue esa precisamente una de las principales razones por las que se vieron obligados a salir de su país. Sin embargo, según Meneses, en Colombia incluso han tenido que acudir al mercado negro para acceder a los medicamentos.

    Caribe Afirmativo ya ha reportado cinco casos de venezolanos LGBT muertos en etapa sida y otros 29 que han tenido que acudir a tutelas para obtener medicamentos. Según esta corporación, la atención a los ciudadanos con VIH es la principal emergencia en la región.

    La otra problemática se refiere a las personas trans y en particular a las que ejercen el trabajo sexual. "Constantemente, en la calle donde trabajamos han pasado hombres en camionetas y motos y nos han agredido tanto verbal como físicamente, obligándonos en varias ocasiones a desplazarnos de nuestro sitio de trabajo", señala Ángeles Cardozo, una mujer trans que reside en Maicao (La Guajira) desde hace un año. Los hechos que denuncia se replican en Cartagena, Valledupar y Barranquilla.

    Para muchos se trata de una oleada violenta de la mal llamada limpieza social, que según denuncias incluye muchas veces a las fuerzas policiales, desatada contra la población venezolana trans y cuya prueba más clara es el asesinato de Lili el 15 de agosto, en Valledupar.

    Ello ha causado, cuenta Cardozo, que tanto ella como otras mujeres trans dedicadas al trabajo sexual tengan miedo de salir por la noche a habitar el espacio donde laboran. Esta situación la comparte con otras cuatro mujeres venezolanas que residen con ella en la misma vivienda.

    Sumado a ello está el rechazo de parte de trabajadoras sexuales trans colombianas hacia las venezolanas. Según relata la mujer, una de las medidas que han encontrado para convivir con las colombianas es lo que denomina el pago de "la parada": pagar una suma de dinero por habitar el espacio donde ejerce la prostitución. Una tarifa que ella misma tuvo que cancelar cuando ejerció el trabajo sexual en Cartagena.

    Los desafíos que se vislumbran para atender a esta población que enfrenta una grave crisis en materia de derechos humanos no son menores. En primera medida, y según manifestó Meneses, la necesidad es establecer un registro a fondo de la población LGBT venezolana residente en todo el país y así poder identificar el tipo de atención pertinente.

    En muchos casos, por ejemplo, se trata de personas que llevan en promedio entre dos meses y un año en el país y no logran conseguir empleos formales a falta de formación profesional o experiencia para ser contratadas en algún oficio. "Por esta razón recurren al rebusque y a las labores de limpieza en hogares y restaurantes. El drama empieza, además, cuando necesitan algún tipo de asistencia y atención en salud o en temas judiciales, pues no pueden acercarse a un centro de salud o dirigirse a la Fiscalía a interponer la denuncia ya que, por su condición de indocumentados, se exponen a ser deportados a Venezuela", explica Caribe Afirmativo.

    Un paso para avanzar en esa dirección fue el encuentro promovido por la organización alemana Friedrich Ebert Stiftung en conjunto con Caribe Afirmativo, al que acudieron 36 personas LGBT venezolanas que residen en la región Caribe colombiana. Uno de los objetivos de la reunión fue precisamente establecer un diagnóstico sobre la situación de esta población migrante, del cual salieron las denuncias que han prendido las alarmas en la región.

    Estos son esfuerzos que, según manifiesta Meneses, piensan replicar en otras zonas del país a través de personas venezolanas capacitadas en derechos humanos, derechos LGBT y salud sexual reproductiva. Se trata entonces de dimensionar lo que significa ser venezolano y LGBT en un país ajeno, reconociendo además que no todos los ciudadanos pertenecientes a esta comunidad se ven afectados de igual manera, pues ha sido la población trans la que más ha sentido el impacto de la situación.
    Entre tanto, la crisis económica, política y social en el vecino país continúa y las fronteras en Cúcuta y Paraguachón siguen recibiendo a diario cientos de venezolanos que le apuestan a un futuro distinto en las ciudades colombianas.

    Fuentehttps://www.elespectador.com

     

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    Eduardo Franco: 20 personas con VIH fallecen diariamente en Venezuela

    10 de Sept, 2018

    Desde la plaza Bolívar de Valencia, personas portadoras de VIH de Carabobo acompañados de la fundación Manos Amigas por la Vida (MAVID) protestaron por la debido a la falta de medicamentos antiretrovirales y también por las fallas en el abastecimiento de los reactivos para realizar los exámenes de laboratorio.

    El presidente de la Fundación Manos Amigas por la Vida, Eduardo Franco, destacó que con el tiempo y con las constantes manifestaciones que han llevado a cabo, esta situación no ha mejorado, por el contrario, se agudiza con el aumento en las cifras de mortalidad.

    Franco indicó que al menos 4 personas ingresan diariamente a diferentes centros de salud del país y que fallecen en promedio dos al día por estado debido a la falta de insumos. Recordó que la etapa de Sida puede ser revertida pero con tratamientos y que, a su juicio, el gobierno venezolano no garantiza las medicinas a estas personas.

    El líder de Mavid aseguró que 5 mil personas hasta la fecha han fallecido en todo el país según el registro que lleva esta fundación, "sabemos que la cifra es mucho mayor, y este número va en aumento porque son al menos 20 personas diariamente que fallecen. En Carabobo tenemos 8500 personas que viven con VIH y lamentablemente los nuevos diagnósticos podrían morir por falta de medicamentos. Recibimos medicinas gracias a donaciones extranjeras y solamente tenemos para un mes".

    Muchos han tenido que migrar de Venezuela para poder cumplir con sus tratamientos y salvar sus vidas.

    Fuentehttps://noticiero52.com

     

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    Eduardo Franco es el nuevo secretario general de la RVG+

    10 de Sept, 2018

    La elección se realizó en el marco del IV Encuentro Venezolano de Personas con VIH. El presidente de la Fundación Mavid, de Carabobo, será la voz de los venezolanos con VIH tanto a escala nacional como internacional.

    RVG+ Prensa, Venezuela, 1 de septiembre de 2018. “Es un gran compromiso, pero lo asumo con mucha confianza por el equipo que me acompaña tanto en Carabobo como en los estados”. Así resumió Eduardo Franco sus primeras impresiones como secretario general de la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+), tras ser electo este miércoles 29 de agosto en la ciudad de Valencia, en el marco del IV Encuentro Venezolano de Personas con VIH, una reunión que reúne a todos los integrantes de la RVG+, así como a diversas organizaciones, activistas y venezolanos en general que viven con la condición.

    La elección fue realizada con estricto apego a principios de transparencia e imparcialidad, siguiendo los estatutos de la RVG+, que incluyen la conformación de un comité electoral conformado por miembros activos de la red, y donde estaban autorizados para sufragar los miembros del consejo directivo de la RVG+. Franco, quien además es director de Fundación Mavid, obtuvo la mayoría de los votos frente al otro candidato (eran solamente dos), José Toro, un joven también comprometido con los derechos de los venezolanos que viven con VIH desde la presidencia de la Fundación Arcoiris por la Vida, del estado Miranda.

    Entre las principales líneas de acción a ser implementadas por Franco, están el reto de que todos los estados del país logren tener una representación 50-50: una mujer y un hombre como puntos focales de cada entidad, que representen a los venezolanos con VIH en cada una de sus regiones o localidades. También se ha comprometido a impulsar y desarrollar la formación de los integrantes de la red, a través de la creación de un comité de formación y una escuela de liderazgo y de empoderamiento dentro de la RVG+, donde se dicten talleres sobre derechos humanos, derechos sexuales, consejería y acompañamiento, VIH y género, así como visibilizar el trabajo de la red en el contexto nacional y latinoamericano.

    Profundizar las acciones de incidencia para que las personas con VIH tengan acceso a los antirretrovirales, reducir la discriminación por vivir con el virus y continuar –con el fin de mejorar- la articulación entre todos los sectores involucrados en la respuesta nacional al VIH, se suman también a los retos asumidos.

    Con la elección de Eduardo Franco como secretario general de la RVG+, para el período 2018-2010, finaliza la gestión de Estevan Colina, presidente de Amavida (estado Zulia), quien condujo la red desde el año 2009. Previamente ocuparon este cargo los activistas y defensores de derechos humanos Walver Villegas y Alberto Nieves. La RVG+ es una organización fundada en 1.998 e integrada por personas con VIH.

    Tras la elección del nuevo secretario general, la RVG+ dio inicio al IV Encuentro Venezolano de Personas con VIH, donde se abordó la situación actual de la epidemia, carencia de antirretrovirales y reactivos, el impacto de la emergencia humanitaria compleja en el caso particular del VIH y los retos por superar. Más de 200 personas asistieron a este encuentro que finalizó este viernes 31 de agosto con una protesta en la plaza Bolívar de Valencia, estado Carabobo, exigiendo antirretrovirales y denunciando la escasez. FIN.

    Fuente: www.ACCSI.org.ve

     

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    José Félix Oletta: En lugar de petróleo, Venezuela exporta ahora enfermedades

    10 de Sept, 2018

    El exministro de Salud, José Félix Oletta, aseguró que el 70 % de los casos de sarampión que hay en el continente americano están en Venezuela.

    El miembro de la Red Defendamos la Epidemiología señaló al Gobierno por "no garantizar condiciones mínimas para que la población pueda disfrutar con plenitud el ejercicio a la salud y, por ende, a la vida".

    Oletta destacó que desde hace diez años el Ejecutivo ha censurado la información epidemiológica en el país, un campo en el que, enfatizó, "fuimos pioneros".

    "Hay coacción contra las instituciones y las personas. Venezuela, en lugar de exportar petróleo, exporta enfermedades: sarampión, difteria, VIH SIDA, malaria", indicó durante la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional.

    El epidemiólogo considera que la crisis sanitaria que afronta el país no puede esperar, por lo que instó al Ejecutivo a tomar acciones inmediatas para paliar la situación, y se ofreció para aportar estrategias, no como actor político, sino como un experto en materia de salud.

    "He sido un hombre de hospitales públicos, estoy a la mejor disposición de ustedes para ofrecer algunas ideas no como un actor político: mi única pretensión es transmitir experiencia", aseveró.

    Por otra parte, Oletta refirió que son los indígenas los más afectados por la situación. Fallecieron waraos y yanomamis por sarampión, muertes de venezolanos en Brasil también.

    "Hay una perversa desviación de una dádiva, no señor, este es un pueblo digno que no puede aceptar bonos", indicó el profesional de la salud, quien también rememoró el paro de las enfermeras en los hospitales públicos del país.

    "Nuestras dignas enfermeras reclaman mejores condiciones para los hospitales, no abandonamos nuestros sitios de trabajo, está de por medio un principio de solidaridad y una sensibilidad humana", dijo Oletta en defensa al gremio, reseñó 800 Noticias.

    Fuentehttp://www.noticierodigital.com

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    Cerrar las fronteras a los venezolanos forzados a migrar los expone al tráfico de personas y separación de las familias

    10 de Sept, 2018

    Más de 200 organizaciones de la sociedad civil suscribieron un comunicado promovido por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en rechazo a la medida adoptada por algunos países latinoamericanos de exigir pasaporte a los venezolanos que están migrando forzosamente.

    Las recientes medidas adoptadas por los gobiernos de Ecuador y Perú, de solicitar pasaportes a la población venezolana como único documento para ingresar en su territorio, han generado el pronunciamiento de más de 200 organizaciones de la sociedad civil latinoamericana, promovido por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quienes en calidad de defensoras de los derechos humanos, de los derechos de la movilidad humana, de ayuda humanitaria, de desarrollo y académicos/as, le hacen un llamado a los Estados de la región, a la sociedad civil y a la comunidad internacional, con el fin de redoblar esfuerzos y trabajar de manera conjunta frente el masivo desplazamiento forzado de más de dos millones de personas venezolanas que se encuentran actualmente en varios países de la región.

    La crisis que actualmente enfrenta la región no tiene paralelo alguno en la historia de nuestro continente, tanto por la magnitud de la población en movimiento, como por la celeridad con que este desplazamiento se ha presentado, indica el comunicado que, además, ha sido suscrito por ACCSI y otras organizaciones venezolanas.

    La situación actual obliga a todos los actores involucrados a fortalecer, mejorar y desarrollar nuevos mecanismos internos y de responsabilidad compartida para atender la situación de aquellas personas que se han visto forzadas a migrar.

    Por ello los firmantes rechazan cualquier medida regresiva que culmine en la restricción, eliminación o suspensión del goce y disfrute de los derechos de cualquier persona en situación de movilidad humana, y advierten que las recientes medidas adoptadas por los gobiernos de Ecuador y Perú, de solicitar pasaportes a la población venezolana como único documento para ingresar en su territorio, contravienen no solamente convenciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional de los refugiados sino, en algunos casos, los propios ordenamientos de orden constitucional de los países involucrados.

    “Este tipo de medidas solamente pone a las personas en una situación de extrema vulnerabilidad, por ejemplo, facilitando el tráfico y trata de personas, contribuyendo a la separación de familias, limitando la capacidad de un Estado para identificar y brindar la atención especializada que ciertos grupos necesitan, como la niñez para garantizar el interés superior del niño/a, entre muchos otros supuestos”.

    Puede leer el comunicado completo haciendo clic en este enlace: https://www.cejil.org/sites/default/files/final_2018_08_22_mov_hum_venezuela_carta_colectiva.pdf

    (FIN)

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    Las voces de los jóvenes cuentan, y los espacios seguros también

    23 de Ago, 2018

    Una coalición internacional de más de 80 organizaciones juveniles que trabajan en el ámbito del VIH (la PACT) y Youth Voices Count (YVC) realizaron una encuesta para averiguar lo que saben los jóvenes sobre salud sexual y reproductiva.

    Más de la mitad de los 270 000 jóvenes de entre 10 y 24 años de 21 países diferentes que respondieron a la encuesta en U-Report (el 54% de los jóvenes y el 58% de las jóvenes) habían hecho uso de servicios para el VIH y de otro tipo en centros de salud o clínicas en los tres meses anteriores. Alrededor del 36% de los jóvenes de entre 10 y 24 años que no lo habían hecho manifestaron que visitar un centro de salud o una clínica les hacía sentir incómodos, y más del 28% de los jóvenes (de ambos sexos) afirmaron que tenían miedo de solicitar dichos servicios.

    “Pese a que disponemos de las herramientas más actuales para poner fin al sida, como tratamientos antirretrovíricos, profilaxis previa y posterior a la exposición, pruebas de autodiagnóstico del VIH y muchas otras, acabar con el sida entre los adolescentes y los jóvenes sigue representando un gran desafío. La respuesta al VIH no solo tiene que ver con pastillas y con pruebas; es importante crear espacios adecuados en los que los adolescentes y los jóvenes se sientan seguros y empoderados”.

    La encuesta, que contó con el apoyo de ONUSIDA, UNICEF y UNFPA, se complementó con el estudio pormenorizado y las entrevistas llevadas a cabo por YVC, según los cuales aproximadamente el 15% de los jóvenes que habían recibido alguna clase de servicio relacionado con la salud sexual en los 6 meses anteriores experimentaron rechazo o maltrato a causa de su edad, su orientación sexual, su identidad de género o su estado serológico. De aquellos que se sintieron maltratados por su edad, el 55% se identificaron como homosexuales o bisexuales y el 25% como personas que viven con el VIH. Además, el 32% de los varones jóvenes gais, bisexuales o que tienen relaciones sexuales con hombres y el 50% de los jóvenes transgénero se sintieron discriminados debido a su identidad de género o a su orientación sexual. Finalmente, el 16% de los jóvenes que se identificaron como personas que viven con el VIH dijeron haber sido maltratados por su estado serológico.

    “Si permitimos que la exclusión, la marginación y la discriminación prosperen, jamás lograremos una generación libre de sida. La autocomplacencia es un lujo que no podemos seguir permitiéndonos. Estos obstáculos no van a resolverse solos ni con el paso del tiempo, solo lo harán si unimos activamente nuestras fuerzas para combatirlos”.

    Los entornos sanitarios deberían ser espacios seguros para aquellos que necesitan asistencia, pero no lo son. Sigue habiendo políticas y actitudes que dificultan el acceso de los jóvenes a los servicios para el VIH y de salud sexual y reproductiva. De hecho, el 37% de los encuestados que habían visitado una clínica no se lo recomendarían a otros.

    El tema de este año para el Día Internacional de la Juventud, Espacios seguros para los jóvenes, subraya la importancia de que los jóvenes dispongan de espacios seguros donde reunirse, pasar el rato, participar en los procesos de toma de decisiones y expresarse libremente. Esto incluye los centros de atención médica, que deberían ser lugares que brinden protección y refugio, lugares sin estigma, maltrato ni violencia.

    Aproximadamente 1600 jóvenes contraen el VIH cada día, y cada 10 minutos muere una persona de una enfermedad relacionada con el sida. Las mujeres de 15 a 24 años se ven particularmente afectadas. En el África subsahariana, las jóvenes tienen el doble de probabilidades que los varones de contagiarse de VIH. Además, en todo el mundo, las poblaciones clave de jóvenes (incluidos los gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los bisexuales, las personas transgénero, los trabajadores sexuales y las personas que se inyectan drogas) corren un gran riesgo de infección por el VIH debido a las violaciones de los derechos humanos, la discriminación, la exclusión, la criminalización y la violencia. La mayoría de los jóvenes que viven con el VIH en el mundo no conoce su estado serológico.

    Fuente: ONUSIDA

     

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    A la Mamá Coco de Maracaibo sus 115 años le pesan en el estómago

    23 de Ago, 2018

    La mujer de raíces wayúu, que nació en 1903, pesa menos de 30 kilos y come una vez al día. Hace ocho meses la llevaron de la Guajira a Portal de Belén, en Maracaibo, donde las condiciones de insalubridad y hambre son insoportables, no solo para ella sino también para el resto de la comunidad.

    Maracaibo. Debajo de una troja de madera, acostada en un chinchorro que de vez en cuando la cubría de las moscas, estaba Angelina González, de 115 años de edad. A su lado, en un fogón de leña se cocinaban unos fideos pálidos que, más tarde, compartiría con su nieta y sus siete bisnietos. La falta de comida ha hecho estragos no solo en ella sino en todo su grupo familiar, por eso su carrera no es contra el tiempo, es contra el hambre.

    Mamá Coco, como cariñosamente le llaman, llegó a Maracaibo hace ocho meses. Una de sus hijas, que vive en el poblado de Uribia, la dejó ahí para que se hicieran cargo de ella. No pasó mucho rato cuando la anciana, que ha trabajado, criado y visto crecer a tres generaciones, dijera en perfecto wayuunaiki: “No quiero estar más aquí, quiero volver a mi tierra. Me duele el cuerpo. No duermo porque me duele el cuerpo“.

    Las condiciones de hambre e insalubridad en las que vive esta familia en el barrio Portal de Belén, al oeste de Maracaibo, son inauditas. Wilmaris Montiel tradujo al español el parlamento de su abuela.

    Quiero irme para mi tierra y morirme en paz. Quiero comer bien. Aquí no hay nada, allá se mata un chivo o algo y uno come, aquí no. Quiero estar conmigo, con mis ancestros, lo que paso aquí no me gusta“.

    En la familia González no solo hay falta de peso, también se sufren enfermedades, como escabiosis y diarreas crónicas. “Ni mis hijos ni mis sobrinos conocen la leche, aquí los teteros son de harina hervida con azúcar y sal”.

    La última vez que Mamá Coco fue evaluada por un médico pesaba un poco más de 30 kilos, hoy pesa menos, perdió la vista y oye poco.

    Hambre pareja para todos

    Maryori Cordero, representante del Consejo comunal de Portal de Belén, dijo que, según sus datos, en 116 familias hay al menos dos integrantes a los que les falta peso. Hoy se cuentan 42 niños desnutridos de 190 que viven en esta comunidad apartada de la civilización.

    Aquí no comemos carne, porque con esos precios no podemos, la mayoría se alimenta con lo que trae el Clap, pero hace rato no llega. Esto es algo inhumano, que los niños sufran así, hemos pedido ayuda al gobernador y al alcalde, pero nadie hace nada. Si no se mueren de hambre, se morirán de infección estas criaturas, incluyendo a la abuela“.

    Este barrio en forma de U, rodea una laguna de oxidación, donde reposan las aguas negras de la urbanización La Montañita, que colinda con el barrio. Poco a poco se convirtió en basurero, que hoy es el sustento de muchos que reciclan plástico, cartón y hasta billetes para poder medio comer. Algunos se pelean por la zona, donde se pueden generar entre 100.000 y 170.000 bolívares diarios en efectivo tras la venta.

    María Angelina Montiel, bisnieta de la centenaria, también contó su propia historia.

    Yo hago todo lo posible para que mi abuela esté bien, pero no puedo darle más, por eso se quiere ir a la Guajira. Aquí lo que hago es pasta o arroz solo. Cuando llega el Clap comemos granos, de resto no. Yo me rebusco, hago conservas de coco, guayaba o lechosa y me voy hasta La Curva a pie a venderlas, pero a veces se me abollan porque no hay efectivo. Sinceramente, yo voto por el Gobierno, pero siempre nos engañan y hasta ahora no vemos ningún beneficio“.

    Un caso extremo

    Para llegar a la casa de Lucy Barrios, de 52 años, hay que atravesar la urbanización La Montañita, el carro solo puede pasar por un tramo, el resto hay que completarlo a pie, que supone al menos 200 metros por las calles polvorientas del barrio Portal de Belén.

    Al llegar a la pequeña vivienda, la mujer, oriunda de Caracas, cosía un trozo de tela mientras una olla hervía en una cocina improvisada con un anafre. Con la mirada un poco perdida contó que hace años tenía familia, un esposo e hijos pero que se vino a Maracaibo sola porque su esposo la dejó y sus hijos se quedaron con él. Tocar el tema de la comida diaria es motivo de preocupación, dijo que hace tres meses no recibe la caja de alimentos distribuida por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), que es su único sustento.

    Aquí uno pasa hambre, hasta tres días he pasado en blanco, por eso me comí al gato y a Princesa, la perra de mi vecina. Yo le dije, pero ella no me creyó“, confiesa la mujer.

    El año pasado Lucy fue a la urbanización a rebuscarse, pero solo consiguió un gato. “El gatico se me pegó atrás y yo me lo traje porque estaba perdido, pero como a las 4 de la tarde me apretó el hambre porque ya llevaba un día sin comer y fue cuando decidí matarlo para comérmelo“.

    Esto ocurrió 13 meses atrás, aproximadamente, sin embargo, Lucy admite que lo volvería a hacer si fuera necesario.

    La “Comegato”, como la llaman en la comunidad, también ha ingerido culebras y gusanos. Expresó que debido al síndrome de Cushing que padece no puede soportar el hambre.

    Sobre el síndrome de Cushing

    Es un trastorno hormonal causado por la exposición prolongada a un exceso de cortisol, una hormona producida por las glándulas adrenales. Algunos elementos del cuadro clínico de esta enfermedad son los siguientes: obesidad, hematomas frecuentes por fragilidad capilar, hipertensión, debilidad muscular, depresión, ansiedad, insomnio, entre otros.

    Fuente: Mariela Nava/ Crónica Uno

     

     

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    La ONU lamenta profundamente la muerte del ex Secretario General Kofi Annan

    23 de Ago, 2018

    El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó su profunda tristeza por el fallecimiento de su predecesor, Kofi Annan, quien dirigió la Organización durante dos mandatos, de enero de 1997 a diciembre de 2006.

    Las Naciones Unidas están de luto por la muerte del ex Secretario General Kofi Annan, quien falleció este sábado después de una breve enfermedad. El diplomático ghanés tenía 80 años.

    “En muchos sentidos, Kofi Annan era las Naciones Unidas. Dirigió a la Organización hacia el nuevo milenio con una dignidad y determinación inigualables”, ha declarado el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, tras el fallecimiento del diplomático ghanés.

    En un comunicado publicado hoy, Guterres reveló que Annan fue para él “un amigo y un mentor” y, añadió, que se sintió profundamente honrado cuando el ex Secretario General lo eligió como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

    “Annan proporcionó un espacio para el diálogo a todo el mundo, un escenario para la resolución de problemas y un camino hacia un mundo mejor”, destacó el titular de la ONU.

    António Guterres recordó que el diplomàtico ghanés fue un incansable trabajador en favor de los valores de la Carta de las Naciones Unidas y que su legado constituye una fuente de inspiración para todos.

    El Secretario General dio su mas sentido pésame a la esposa de Annan, Nane, a su familia y a todas las personas “que lloran la pérdida de este orgulloso hijo de África que se convirtió en un campeón mundial de la paz y de toda la humanidad”.

    El sistema de la ONU llora la pérdida de Annan

    El Presidente de la Asamblea General, Miroslav Laj?ák, señaló que Annan era “uno de los diplomáticos más respetados del mundo, un extraordinario estadista y un visionario defensor del multilateralismo”.

    Destacó que era un firme creyente en el diálogo y un defensor profundamente comprometido con la paz, el desarrollo y los derechos humanos.

    El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, manifestó que el ex Secretario General era “un ejemplo de humanidad, el epítome de la decencia y la elegancia humanas. En un mundo ahora lleno de líderes que son cualquier cosa menos eso, nuestra pérdida, la pérdida del mundo se vuelve aún más dolorosa”.

    La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, se mostró profundamente triste por el deceso del diplomático ghanés al que calificó como un gran defensor de la paz.

    Azoulay rememoró una cita que escribió para la UNESCO el año 2011: “Debemos actuar a un nivel más elevado para prevenir los conflictos violentos antes de que ocurran. Necesitamos desarrollar una cultura de paz. El principio fundamental de esa cultura debe ser la tolerancia. Es decir, la capacidad de apreciar y celebrar las diferencias que conforman la variedad y riqueza de nuestro planeta.

    El Alto Comisionado de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, resaltó su trabajo en ACNUR, que se inció en la década de los 80, y lo recordó como una voz duradera en nombre de los refugiados y de todos los oprimidos.

    “El mundo ha perdido a un gran hombre. Y yo he perdido a un buen amigo, un mentor, un modelo a seguir y un consejero valioso”, afirmó Grandi.

    Fuente: Noticias ONU

     

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    Discriminación y Xenofobia: así reciben a migrantes venezolanos en Brasil

    23 de Ago, 2018

    Las cosas no pintan nada bien para los venezolanos que viven una crisis económica y los intentos del Gobierno de Nicolás Maduro para contener el golpe económico.

    De acuerdo con cifras de la ONU, 2 millones 300 mil venezolanos han dejado su país por la crisis, la mayoría se dirige hacia Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, en donde se han topado con la violencia de Pacaraima, en el estado de Roraima.

    Este conflicto ha preocupado a organizaciones internacionales, pues la respuesta de algunos brasileños se ve fomentada por un discurso discriminatorio y hasta xenófobo, de acuerdo con Radio Francia Internacional (RFI) en Brasil se han difundido "fake news" sobre los venezolanos, acusados de ser portadores de VIH, tener un trato preferencial y hasta han señalado a las mujeres como "robamaridos".

    Hace dos días, un grupo de brasileños le cayó a los campamentos de los migrantes venezolanos, en la localidad fronteriza de Paracaima y destrozó sus pertenencias junto con las tiendas de campaña, en protesta por "invadir" a su país.

    Mientras, las autoridades de Paracaima se quejaron de que no recibían el apoyo necesario por parte del gobierno de Michel Temer para atender a los migrantes y contener los enfrentamientos.

    En respuesta, el Ministerio mandó a 120 militares y 26 voluntarios en esta localidad para calmar los ánimos. Sin embargo, el gobierno ya ha analizado la opción de cerrar su frontera con Venezuela, en esta localidad. Sólo es cuestión de que se analicen con más profundidad los tratados internacionales que este país ha firmado.

    Brasil no es el único destino hacia donde los ciudadanos de Venezuela miran como opción para escapar de la crisis económica. Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, Chile y hasta Estados Unidos, en Miami, son los lugares que han recibido a cientos de migrantes.

    Sin embargo, en estos países ya se han puesto varios obstáculos. Por ejemplo, Ecuador ha pedido sus pasaportes como condición para que puedan entrar a su territorio. En Colombia, la vigilancia fronteriza se ha reforzado.

    Y en Perú, que es el segundo país con más residentes venezolanos, el primero es Colombia, la gente se ha manifestado en contra de la llegada de los migrantes, ante cifras que al parecer segurán en aumento.

    Fuentehttps://www.sopitas.com

     

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    Organizaciones de sociedad civil alzan llamado ante crisis de movilidad humana venezolana

    23 de Ago, 2018

    Más de 200 organizaciones de sociedad civil lanzaron hoy un llamado a los Estados de la región, organismos regionales e internacionales instándolos a atender la crisis de movilidad humana venezolana.

    Washington, D.C. 22 de agosto, 2018.- Más de 200 organizaciones de sociedad civil lanzaron hoy un llamado a los Estados de la región, organismos regionales e internacionales instándolos a trabajar “de manera conjunta frente el masivo desplazamiento forzado de más de dos millones de personas venezolanas” atendiendo a las necesidades de éste colectivo con una mirada que garantice la “protección y prevención de cualquier vulneración de las personas migrantes y personas que requieren protección internacional”.

    La petición, impulsada por un grupo de trabajo que monitorea la situación de movilidad humana venezolana y se encuentra abierta a una convocatoria de solidaridad general por medio de Avaaz, se generó luego de que los gobiernos de Ecuador y Perú anunciaran el pasado fin de semana que las personas migrantes venezolanas tendrán que presentar un pasaporte como requisito para obtener acceso a cualquiera de los dos países. Asimismo, en Brasil, han ocurrido brotes de xenofobia extrema en contra de migrantes que provocaron desalojamientos y el envío de tropas militares a la zona fronteriza.

    Se espera que la carta genere un apoyo masivo de distintos grupos de interés de la región al igual que de la población general en alzar una voz colectiva para exigir a los distintos Estados receptores de personas migrantes venezolanas a abordar el tema desde “una mirada y perspectiva regional, mediante consultas amplias que incorporen a las organizaciones de la sociedad civil, y que puedan generar alternativas coordinadas y complementarias, partiendo de un enfoque integral de derechos y con una mirada de soluciones duraderas” y “evitar cualquier acto de discriminación, xenofobia y violencia.”

    “Esperamos que este llamado urgente a la acción inste a los Estados en el continente al igual que a las entidades regionales e internacionales a buscar soluciones duraderas que puedan enfrentar esta crisis”, dijo Francisco Quintana, Director del Programa de la Región Andina, Norteamerica y del Caribe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, “Desde sociedad civil, esperamos realizar un trabajo conjunto con los Estados de la región”.

    Puedes leer la carta original, en español, y ver sus firmantes aquí:

    final_2018_08_22_mov_hum_venezuela_carta_colectiva

     

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    El temor es volver: miles huyen de Venezuela pese a la sombra de la xenofobia

    23 de Ago, 2018

    Daisy Santana teme más regresar a una Venezuela en crisis que a la xenofobia. Como ella, miles de venezolanos atraviesan Colombia rumbo a Ecuador o Perú, sabiendo que están expuestos a eventuales rechazos o agresiones.

    El turbante improvisado protege a Daisy del penetrante frío de Tulcán, el municipio fronterizo que separa a Ecuador de Colombia y bisagra de los venezolanos que esperan reconstruir sus vidas en alguna nación del sur americano.

    “El temor lo llevamos todos, pero más temor tuviéramos si nos tuviéramos que devolver”, dice a la AFP con dejo de resignación esta mujer de 48 años.

    Acostumbrada al clima cálido de su país, a esta mujer le congelan más los huesos las noticias que llegan desde Brasil: el sábado una turba incendió las pocas pertenencias de algunos de sus compatriotas que, como ella, huyen de la crisis económica de Venezuela.

    El ataque de Pacaraima, en la frontera norte del gigante suramericano, fue la respuesta de la comunidad a un supuesto robo cometido por unos venezolanos. A la zona, al igual que Ipiales y Cúcuta, en el suroeste y noreste colombiano, llegan a diario miles de migrantes. Parecen en procesión.

    En busca de la seguridad 

    Daisy se pone en el lugar de sus compatriotas y se aferra al morral negro donde carga sus pocas pertenencias y a los tenis rosados con los que se echó a andar hace 17 días, cuando salió de Venezuela.

    Hace horas finalizó su periplo por Colombia y ahora espera el visto bueno de Ecuador, que pide pasaporte a los venezolanos, para continuar su odisea. Las autoridades colombianas calculan que la mitad de los migrantes viajan solo con cédula ante la escasez de papel en su país para imprimir el documento internacional.

    Santana tampoco tiene pasaporte. “Nosotros mismos estamos buscando seguridad en otros sitios porque en nuestro país no podemos ni siquiera estar tranquilos”, afirma. “Estar en otro sitio es mejor que estar en Venezuela”.

    Ella recorrió los 1.500 kilómetros que separan a Cúcuta de Tulcán “para empezar de cero” en Perú. La mayoría los recorrió en un vehículo, pero también tuvo que caminar por las culebreras vías colombianas.

    Daisy no conoce a Roberto Farías. Ahora él está a unos metros cubierto con una franela. Dice sin alarmismos que tiene los pies “un poco lastimados”. Lo cierto es que están hinchados por caminar de noche y de día.

    “Han llegado momentos en que hemos tenido que caminar días enteros porque no nos dan aventones (recoger)”, apunta este barbudo de 29 años.

    Como Daisy, Roberto también tiene un morral negro y un objeto rosado: otra maleta. Y comparten una certeza -ambos van a Perú- y una incertidumbre: ¿cómo serán recibidos en el sitio al que lleguen?

    “Siento un poco de temor y miedo (…) Esperemos que nos salga todo bien y no nos rechacen”, sostiene.

    Contra el tiempo

    En medio de todo, ambos han tenido suerte. Los miles de venezolanos que cruzan a diario a Tulcán reconocen que docenas de desconocidos los abordan para darles comida o medicina, tan escasos en el país petrolero.

    “Hay mucha gente que nos trata mal como otros que nos tratan bien. Es como todo, hay gente buena y hay gente mala”, señala Farías.

    El nuevo desafío es lograr pasar la traba que les impuso Ecuador y seguir el camino a Perú, donde muchos tienes familiares.

    Pero Perú, a partir del sábado, empezará a exigir pasaporte. Colombia, que ha recibido más de un millón de personas de Venezuela en los últimos 16 meses y regularizado temporalmente a 820.000, cuestiona la decisión de sus vecinos por considerar que fomenta la migración irregular.

    “No tenemos ninguna intención de quebrantar ninguna ley, simplemente estamos pidiendo una ayuda humanitaria”, explica el trigueño José Antonio Estévez, con la ilusión de alcanzar a llegar a Perú antes del “Día D”.

    Fuente: Panorama

     

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    Venezuela: Personas con VIH de la comunidad LGBTI nunca han temido tanto por sus vidas como ahora

    23 de Ago, 2018

    En Venezuela, personas de la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) corren un inminente peligro frente a la inexistencia de antirretrovirales vitales para tratar la enfermedad, ya que la emergencia humanitaria que se vive en ese país continúa acentuándose, dejando a su suerte la vida de al menos 77,000 personas seropositivas.

    Chrismar Landáez es una de las miles de víctimas de esta tragedia más que anunciada. Más allá de ser una mujer trans que lucha por ser reconocida y respetada en un país donde los derechos de las personas LGBTI no están garantizados, nunca había sentido tanto miedo por su vida como ahora que le es imposible encontrar el medicamento que necesita para controlar el virus.

    Hace 23 años fue diagnosticada con VIH y, la mayor parte de ese tiempo, vivió con total normalidad porque su tratamiento antirretroviral estaba garantizado. Sin embargo, desde hace más de seis meses esto cambió y ahora se enfrenta a altos niveles de estrés y desesperanza, porque sabe que puede morir de SIDA o a causa de cualquier otra enfermedad oportunista que se desarrolle por la falta de tratamiento oportuno y constante del virus. Ella repite una y otra vez que las personas con VIH de la comunidad LGBTI en Venezuela sienten que el gobierno juega a la ruleta rusa con sus vidas.

    El Efavirenz desapareció, también el Viraday. El primer antiretroviral lo tomó por 16 años consecutivos y después le fue recetado el segundo cuando comenzaron a faltar de manera intermitente estos tipos de tratamientos en las farmacias de alto costo del Seguro Social venezolano.

    En el país suramericano existe un déficit de suministro de medicamentos antirretrovirales de 90% o 100%; la mitad de los hospitales no están en funcionamiento, y el personal médico de los centros públicos, que proporcionan el 90% de los servicios de salud, se ha reducido en 50%. Sin embargo, el gobierno niega la existencia de una crisis en el sector salud y rechaza los ofrecimientos de ayuda y cooperación de la comunidad internacional.

    Chrismar, como tantas otras personas en su condición, se enfrenta a una búsqueda desesperada por los centros de salud que termina con el lapidario "no hay" del personal médico que atiende. Las constantes negativas y el no saber qué hacer para mantener su estado de salud en buenas condiciones, la hace experimentar un cúmulo de sentimientos que aturden su estabilidad emocional y baja sus defensas, situación extremadamente peligrosa para las personas que viven con VIH.

    Hace 10 años trabajó en un hospital donde atendían a pacientes con VIH y con pesar recuerda que antes no moría tanta gente como ahora. Sus amigos han fallecido por falta de medicamentos y esta situación la tiene abatida, teme que en que cualquier momento pueda llegar su turno.

    El gobierno venezolano no ha firmado desde abril de 2017 las órdenes de compra de estos medicamentos. Desde el momento en que se realiza la solicitud, la entrega de los antirretrovirales podría tardar hasta seis meses, lo que implica que estas personas no estarían recibiendo tratamiento continuo hace al menos un año.

    Las muertes no dejan de ocurrir y las denuncias de personas defensoras del derecho a la salud, personas con enfermedades crónicas y sus familiares se hacen cada vez más constantes. Hoy estas voces siguen gritando lo mismo, pero la ausencia de respuestas gubernamentales y medidas efectivas las está condenando a la muerte.

    Chrismar y gran parte de la población venezolana más vulnerable no tienen la posibilidad de acceder a los tratamientos, alimentación balanceada, ni a oportuna atención médica. Los derechos a la vida, la salud y la no discriminación no están siendo garantizados. Es urgente que las autoridades acepten la cooperación internacional y activen de inmediato un mecanismo común y coordinado para atender la emergencia humanitaria y proveer de medicinas, insumos y garantizar el tratamiento y diagnóstico del VIH/SIDA a las personas que lo necesitan en el país.

    Fuentehttps://www.amnesty.org

     

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